Argentina ocupa un lugar destacado en la única convención internacional contra el ciberdelito

Forma parte de la unión a la Convención de Budapest que busca la cooperación en la lucha contra los delitos informáticos. Por qué es importante y cómo se trabaja en nuevas normas en la búsqueda de evidencias digitales.

La Convención de Budapest es un tratado internacional de más de 56 países que buscan cooperación en la lucha contra los delitos informáticos. Argentina forma parte, oficialmente, desde mayo de 2018 y ha sido elegida para liderar reuniones de la "mesa chica" del comité de la convención contra el ciberdelito (T-CY).

El T-CY elige cada dos años autoridades para integrar el Bureau (es decir, esta "mesa chica") de los países miembros. El abogado argentino Marcos Salt, coordinador del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representará al país en las reuniones del Consejo de Europa.

"Fuimos elegidos junto a Portugal, Estonia, Canadá, Holanda, Francia, Rumania, Suiza, Ucrania y Sri Lanka. Eso nos permite tener un papel importante en las decisiones que se adoptan sobre el futuro de la convención y proyectos para mejorar la cooperación internacional sobre ciberdelito", asegura Salt.

El abogado es coordinador académico de un programa de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal que el año pasado trabajó en lograr que la Argentina integre la convención de ciberdelito del consejo de Europa. Si bien el T-CY es europeo, está abierto a todos los países y es la única convención internacional sobre ciberdelito.

La importancia de la evidencia digital

Una de las principales misiones de la convención de ciberdelito es la búsqueda de evidencia digital para cualquier delito. "El objetivo principal es la discusión de un protocolo adicional sobre acceso a evidencia en la nube o acceso a prueba digital en extraña jurisdicción", explica Salt.

Continúa: "Se trata más que nada de discutir todas las formas novedosas que resultan necesarias para poder obtener prueba en formato digital (evidencia digital) cuando la evidencia no está alojada en el país que la necesita, sino en un servidor en el extranjero".

En este sentido, el abogado destaca la importancia de la cooperación del sector privado. "Si yo necesito tener una prueba de Facebook o Google, de un caso de pornografía infantil, pero también puede ser de corrupción o de fraude, y necesito obtener los datos de tráfico de una determinada cuenta de correo electrónico o los datos de contenido de una determinada comunicación, es un problema", señala.

Estos procedimientos requieren cooperación internacional y según expresa Salt, "hoy son anticuados porque están pensados para la evidencia física". La convención tiene un grupo de trabajo que está elaborando nuevas normas para que esta obtención de evidencia digital sea más rápida y eficiente.

"Este grupo se está reuniendo para alcanzar nuevas normas para un protocolo que tendrá que, primero, ser aprobado por el Comité, y después por cada uno de los países", añade Salt.

La convención tiene un comité de países miembros que participan de las reuniones. De América Latina, ya son miembros Costa Rica, Paraguay, Chile, Panamá, República Dominicana y Perú. Colombia y México están en vías de acceso.

"La tarea es complicada porque involucra cuestiones no solo de derecho sino que tiene mucho de cooperación internacional, también hay que adecuarse a las nuevas normas de protección de datos personales de Europa (GDPR) y asegurar que toda esta circulación de información, que es necesaria en causas penales, tenga las debidas garantías y protecciones", expresa Salt.

Acceso transfronterizo de datos

Estados Unidos, Japón, España, Alemania, Francia, Italia, Chile son algunos de los países que hoy se encuentran analizando distintos aspectos de lo que se denomina acceso transfronterizo de datos. Se refiere a las distintas formas que existen para que el sistema penal de un país pueda acceder a información que necesita en una causa, bajo juridicción de ese país, pero con pruebas alojadas en otra juridicción.

"Es una de las partes más importantes en las que está trabajando el consejo de Europa y además es muy disruptivo, es un cambio fundamental. Es importante que la región tenga una representación para ver cuáles son las problemáticas que se presentan para los países de América Latina", finaliza Salt.

Fuente: Infobae